8 de noviembre de 2013

El austericidio, un proyecto político a escala internacional

El FMI vuelve a cargar con recetas que provocan motines de hambre

Pocos días antes de la Asamblea general anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco mundial que ha tenido lugar del 11 al 13 de octubre de 2013 en Washington, el FMI ha vuelto a la carga. Concretamente en el Estado español, después de haber propuesto una bajada de salarios que suscitó una reacción desacostumbrada, reclama ahora que se reduzca el listado de productos que aplican tipos reducidos de IVA, lo cual afectaría a productos y servicios considerados básicos o de primera necesidad. Una receta como ésta es lo que provocó los famosos motines de hambre, llamados también ‘motines FMI’, en el Sur del planeta, cuando el precio del pan o de la gasolina subió de golpe en una noche hasta precios inalcanzables para la mayoría de la población. Entre otros ejemplos, es el caso famoso del‘Caracazo’ en Venezuela en 1989, cuando aplicaron el Plan del FMI; o de Perú en 1991, cuando el precio del pan se multiplicó por 12 mientras los salarios empezaron a bajar; de Zimbabwe en 2000; Argentina, Paraguay y Uruguay en 2001… La lista es larga, como lo es la historia del neocolonialismo económico de la institución de Washington.
En definitiva, el FMI sigue el mismo camino del austericidio que aplica en el Sur, donde estas políticas llevan fracasando desde décadas. Más allá de algunas nuevas propuestas sobre recaudación, no hay nada nuevo en la ideología de la institución. Ya en 1999, en un informe sobre los Efectos de las políticas de ajuste estructural en el goce efectivo de los derechos humanosla Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decía sobre los planes de austeridad en el Sur lo que podemos aplicar para la actual crisis de deuda en el Norte:
Lamentablemente, tanto el FMI como el Banco Mundial tratan la gestión de la crisis de la deuda como actividad al margen de la importante tarea del desarrollo humano. El crecimiento acelerado del producto nacional bruto (PNB) o la reducción de la inflación no puede propiciar el desarrollo si no va acompañado de una redistribución de los ingresos que permita que una mayor parte de la población ejerza sus derechos económicos, sociales y culturales.

El austericidio, un proyecto político a escala internacional
Estas políticas de austeridad del FMI, además de violar la soberanía de los pueblos, echan por tierra los derechos más básicos de las personas. La propuesta de introducir un impuesto excepcional con una tasa de un 10% sobre el capital de todas las rentas disponibles de cada hogar, sean cuales sean sus ahorros, para aliviar la deuda pública en los países europeos hasta el nivel previo la crisis de 2007, no debe llevarnos a engaño. Por cierto, nos recuerda lo que ocurrió en Chipre, aunque en aquel caso era una tasa de un 47,5% sobre todas las cuentas que dispusieran de más de 100.000 euros. Pero parece más bien una medida desesperada que llama la atención para esconder medidas reales por venir. De igual manera, cuando afirma que queda margen para aumentar tipos de impuestos en los tramos superiores de ingresos, parece que, ante el caos que generan sus medidas, tiene que bajar el tono para que su política sea sostenible…y seguir el mismo camino capitalista. De hecho, como decía el mismo informe de la ONU de 1999 antes citado, hay que entender las políticas de austeridad más bien como un proyecto político a escala internacional:
El ajuste estructural va más allá de la simple imposición de una serie de políticas macroeconómicas a nivel nacional. Representa un proyecto político, una estrategia consciente de transformación social al nivel mundial, principalmente para hacer que el mundo sea seguro para las empresas transnacionales. En pocas palabras, los programas de ajuste estructural sirven de “cinta transmisora” para facilitar el proceso de mundialización, mediante la liberalización y la desreglamentación y reduciendo la función del Estado en el desarrollo nacional.
El 9 de octubre de 2013, tras la presentación del informe fiscal del FMI, Michael Keen, director de asuntos fiscales del FMI, dijo que España “no ha recurrido demasiado al impuesto del IVA” para incrementar los ingresos. ¿Sería el caso del sector de la Cultura, en el que los libros de texto o el material escolar experimentaron un aumento del IVA de 13 puntos, del 8 al 21%? Los españoles podrán agradecer la especial atención del FMI al respecto. Después de dos subidas brutales del impuesto regresivo más injusto, bajo el gobierno del PSOE primero, y del PP a continuación, las recomendaciones del FMI son escandalosas. Quieren curar la enfermedad matando al paciente.
El FMI, en su Fiscal Monitor de octubre de 2013, muestra una repentina preocupación por reducir la deuda pública hasta niveles precrisis de 2007, sin reconocer que la deuda pública en muchos casos, el español entre ellos, se ha disparado precisamente como consecuencia del rescate a la banca. Como solución, vuelve a hacer propuestas profundamente injustas y erróneas, como el mencionado impuesto único del 10% a la riqueza de los hogares (pag49). En su argumentario, el FMI advierte de “los riesgos de las alternativas” a esta propuesta, como “el repudio de la deuda pública”, un “riesgo” que para nosotras sería un primer paso para salir de la crisis.
Desde la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, No debemos , no Pagamosdesarrollamos actividades para que la ciudadanía pueda plantear alternativas, definir criterios para calificar una deuda como ilegítima y no pagarla.

1 de octubre de 2013

Seguridad alimentaria frente a transgénicos

Agricultores, plataformas ciudadanas y organizaciones de la sociedad civil celebraron hace unas semanas la decisión de Monsanto de retirar las solicitudes de comercialización en la Unión Europea de sus semillas genéticamente modificadas. Tras enfrentarse a sus protestas y a interminables trabas burocráticas, la multinacional líder en producción de organismos genéticamente modificados (OGM) se encontró también con la oposición de la Comisión Europea, recelosa ante los riesgos que esta práctica puede suponer para la salud y el medio ambiente. Y es que muchas de las semillas que Monsanto planeaba exportar tienen modificaciones genéticas que les permiten resistir a los herbicidas convencionales. Su cultivo conlleva un uso mayor de herbicidas y más potentes, que a menudo también son comercializados por la propia multinacional. Además, las semillas transgénicas no permiten su reproducción y se han de adquirir nuevas antes de cada cosecha, lo que supone un enorme gasto que no termina de convencer a los agricultores a pesar de su delicada situación.
Lo cierto es que los transgénicos nunca han arraigado en Europa. En los últimos años, Hungría ha destruido campos de maíz genéticamente modificado; Grecia y Alemania han prohibido estos cultivos, y Francia ha vetado el uso de cualquier semilla modificada. Se calcula que en el mundo hay 170 millones de hectáreas plantadas con OGM y que apenas 100 mil se encuentran en Europa. La mayoría de ellas se ubican en España, el único país de la Unión Europeaque cultiva transgénicos a gran escala, según Greenpeace, con el 90 por ciento del maíz modificado.

Monsanto, que entró a España en 1970, ha conseguido renovar la exportación del maíz MON-810 a pesar de la decisión de la Comisión Europea. La laxitud de la legislación española, la falta de un plan agrícola claro y el apoyo ciego del gobierno, demuestran la estrecha relación entre el país y la poderosa multinacional. Blanca Ruibal, responsable de agricultura de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra, advierte que el 67 por ciento de los experimentos con transgénicos que se realizan al aire libre en Europa tienen lugar en España: “existe una gran opacidad en torno a estas prácticas. Nunca se sabe dónde están ubicados los cultivos experimentales a pesar de que hay una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que obliga a los gobiernos a comunicar dónde se encuentran. En España se oculta la información”.

Cuando Monsanto u otras empresas solicitan realizar experimentos al aire libre para probar sus productos, la mayoría de los países europeos se niega. España no, lo que lo ha convertido en un laboratorio perfecto. Tal es la docilidad del Estado español que Estados Unidos le presionaba y utilizaba para que favoreciese en Bruselas, Bélgica, la introducción de los transgénicos, como desvelan unos cables diplomáticos revelados por WikiLeaks.

Una de las tesis más esgrimidas por las compañías que comercializan con organismos modificados es que su uso puede contribuir a combatir la escasez de alimentos en el planeta. El multimillonario fundador de Microsoft y accionista de Monsanto, Bill Gates, llegó a afirmar que los cultivos transgénicos son la solución para acabar con el hambre en el mundo: un argumento que no se sostiene cuando vemos que la mayor parte de los OGM que se comercializan no se destinan a la alimentación, sino a la producción de piensos para animales.

En Argentina, principal productora de soya del mundo, más del 90 por ciento de la producción es transgénica, repartida en más de 19 millones de hectáreas de monocultivo que antes se dedicaban al ganado, a verduras y hortalizas. Miles de campesinos empobrecidos que antes vivían de labrar la tierra han emigrado con sus familias desde que Monsanto se estableció allí.

Lo mismo sucedió en India con el algodón, o en Kenia, donde una variedad de boniato transgénico introducido por Monsanto resultó ser menos productivo que el boniato convencional.

La información está derribando los muros de las oligarquías empresariales y permite conocer las consecuencias de los transgénicos para la salud y el medio ambiente. La decisión de la Unión Europea viene precedida de masivas movilizaciones en México, Argentina, Chile o Puerto Rico, protagonizadas por una ciudadanía organizada e informada que denuncia un abuso que atenta directamente contra la soberanía alimentaria, una línea roja que nunca se debió sobrepasar en favor de beneficios económicos privados.

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